Un contundente informe sobre los horrores del urbanismo salvaje en España aprobado ayer por la Eurocámara describe un escenario de corrupción generalizada y señala a “todas las administraciones, central, autonómicas y locales” como “responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible” de gravísimas consecuencias. Incluso duda de la capacidad de los tribunales españoles para poner freno a una situación.
También cuestiona la tan perversa figura del “agente urbanizador“, ese invento valenciano que obliga a edificar incluso si había propietarios de parte del terreno que no lo deseaban.
El texto aprobado “insta al Gobierno español a realizar un debate público” (…) e incluso pide a la Comisión que retire los fondos de ayuda europeos a España hasta que no tome medidas al respecto.
La respuesta de los eurodiputados del PSOE y PP ha sido mirar hacia otro lado. Unos han votado que no, otros se han abstenido. Todos seguirán como si tal cosa.
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